Un grupo de accionistas de Nvidia presentó una demanda colectiva contra la empresa y su director ejecutivo, Jensen Huang, ante un tribunal federal de San José, California, apenas cinco minutos después del cierre de la bolsa, según informó Reuters. El grupo, liderado por Mark Kistenmacher, busca una compensación por daños, cuyo monto no fue especificado en la denuncia.

Ese mismo día, las acciones de Nvidia cerraron con una baja del 4,3%, lo que, de acuerdo con Reuters, habría reducido el valor de mercado de la compañía en unos 190.000 millones de dólares. La demandante señala a Alice Huang —quien no guarda parentesco con Jensen Huang— como una ejecutiva que trabajó para Megaspeed, empresa de centros de datos con sede en Singapur, y cuyo perfil habría generado riesgos para la reputación y la seguridad del negocio de Nvidia. En respuesta, Jensen Huang habría informado a los empleados que fue infiel a su esposa, sin aportar más detalles sobre la relación, según la agencia.

En el texto de la demanda se acusa a Nvidia y a Huang de ofrecer información engañosa sobre Megaspeed y de no revelar que dicha relación podría representar un riesgo de seguridad nacional para la reputación y las operaciones de la firma. La cobertura de Reuters se apoya en esa denuncia.

El análisis de Unite.AI, que revisó el caso, señala que la demanda alcanza a quienes compraron acciones entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026. Se invocan dos normativas federales de valores: una referida a declaraciones falsas u omisiones y otra que responsabiliza a Huang como controlante de la empresa.

Entre las afirmaciones cuestionadas figuran las explicaciones públicas de Nvidia en octubre de 2025 sobre su revisión de Megaspeed, en las que la firma aseguraba no tener accionistas chinos ni indicios de desvío de chips, y la descripción de un portavoz que caracterizó el acuerdo con Megaspeed como normal y habitual.

Según Unite.AI, el cierre de Nvidia el lunes fue de US$178,67 por acción, con una caída de US$7,97 respecto del día anterior.

El profesor Robert Bartlett, de la Facultad de Derecho de Stanford, indicó a TechCrunch que la declaración previa de la compañía resultaba “claramente engañosa” y que el conocimiento de un director ejecutivo se atribuye a la entidad. Añadió que se trata de una demanda clásica por fraude al mercado: inversores pagaron precios basados en información falsa o incompleta.

Bartlett señaló que la teoría legal no depende de conclusiones de investigaciones sobre la vida privada de Huang. Típicamente, estos procesos pueden tardar años y terminar en acuerdos entre la empresa y sus aseguradoras, sin sanciones personales para el directivo; es un procedimiento civil, por lo que no implicaría prisión para Huang.

El académico expresó dudas sobre una acción de la SEC, el regulador de mercados, dado el respaldo público del entonces presidente Donald Trump a Huang. TechCrunch también señala que firmas como Schall, Brown & Schwartz, Levi & Korsinsky anunciaron investigaciones el mismo lunes.