La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) introdujo su intervención oficial en la causa $LIBRA, asumiendo la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano, quien había considerado que no se habían cometido delitos. El organismo, que dirige Sergio Rodríguez, también solicitó la reapertura de la investigación. En un escrito de 15 páginas, la PIA remarcó que los sobreseimientos de los involucrados (entre ellos, el propio Javier Milei y su hermana Karina, más los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis y Sergio Morales, exasesor de la Comisión de Valores), entre otros, fueron “prematuros”. Aseguró que no hubo agotamiento de la pesquisa y señaló fallas como peritajes inconclusos sobre celulares y la ruta del dinero, chats borrados, pruebas mal valoradas y un apartamiento cuestionable de los damnificados.

La intervención de la PIA había sido solicitada días atrás por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que actúan como amicus curiae en el expediente. Su función era postularse como acusadores ante la ausencia de continuidad de la investigación, conforme a lo previsto por la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal cuando un fiscal abandona la pesquisa en pleno trámite.

Taiano había presentado el jueves 22 de octubre un dictamen que proponía el sobreseimiento, a pesar de que permanecían medidas ordenadas por él mismo. El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a esa postura y dio por cerrada la causa al día siguiente; horas después, Taiano se tomó vacaciones. En ese contexto, el juzgado recibió en los días siguientes las apelaciones de las querellas y fue Daniel Rafecas quien, en calidad de subrogante durante dos semanas, debía decidir. Ese mismo jueves, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le propuso a Milei el nombramiento de Rafecas en la Cámara de Casación Nacional, presentando un proyecto para remitir su pliego al Senado.

El tribunal deberá pronunciarse sobre las apelaciones de los querellantes contra los sobreseimientos y sobre el planteo de la PIA, que presentó una “apelación en subsidio” por si resulta rechazada su pretensión de asumir la acción penal. Este escenario augura una nueva instancia de debate en el expediente. En su historia, la PIA ya tuvo participación inicial en este caso —como en otras causas vinculadas, por ejemplo Skanska—, pero luego no fue convocada por Taiano para continuar como auxiliar. La defensa de la Fiscalía, por su parte, sostiene que hubo una etapa de investigación que no ha sido agotada, lo que justificaría la reapertura.

Un eje crítico, según la PIA, es que la argumentación para los sobreseimientos se apoyó en la premisa de que no existió estafa porque nadie fue engañado para inducir un error, una consideración que la entidad cuestiona de fondo.