Meta comunicó que no acatará ninguna instrucción del gobierno canadiense que obligue a erosionar la protección de sus servicios, incluido WhatsApp, y lo hizo público antes de su declaración ante el Senado de Canadá, que analiza el proyecto de ley C-22 sobre acceso policial a datos de usuarios.
Rachel Curran, responsable de política pública de Meta Canadá, dijo a The Globe and Mail que, si llega una orden de ese tipo, la compañía evaluará todas las opciones disponibles. “No vamos a debilitar ni a vulnerar nuestros sistemas. Es una línea roja para nosotros”, afirmó. Subrayó que el cifrado de extremo a extremo impide que terceros lean los mensajes, salvo el emisor y el destinatario.
Curran recordó también que Apple retiró en el Reino Unido su servicio de cifrado avanzado para copias en la nube cuando recibió una orden similar, y añadió que Meta ya bloqueó las noticias en Facebook e Instagram en Canadá en 2023 para no quedar atrapada en otra normativa del país.
El proyecto C-22 obligaría a proveedores de servicios electrónicos, incluidas las apps de mensajería, a modificar sus sistemas a pedido de las autoridades para facilitar la vigilancia policial y de la Seguridad de Inteligencia de Canadá. Según la propuesta, el ministro de Seguridad Pública podría emitir órdenes que las empresas deban mantener en secreto.
La ley propone conservar metadatos de los clientes durante un máximo de seis meses; una enmienda redujo ese plazo desde 12 meses. Se explicó que los metadatos no contemplan correos, historial de navegación, redes sociales ni mensajes de texto, pero sí permiten ver qué números se comunicaron entre sí y la ubicación de una persona.
Curran señaló que Meta no recolecta actualmente esa clase de información y que exigirlo crearía “una base de datos de vigilancia prospectiva que traza a todos los canadienses como posibles delincuentes”. También afirmó que es “el peor momento” para pedir el debilitamiento de sistemas seguros, dada la creciente cantidad de intentos de hackeo, muchos con apoyo de IA.
Simon Lafortune, vocero del ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangree, respondió que el proyecto no autoriza vigilancia indiscriminada ni exige la creación de puertas traseras ni vulnerabilidades. Según Lafortune, una enmienda aclara que ninguna obligación de la ley exige descifrar información protegida de extremo a extremo, y expresó que la oficina está abierta a más cambios.
Google consideró esa enmienda insuficiente. En una nota enviada a los senadores en octubre, advirtió que el texto podría generar una “nueva infraestructura de vigilancia” y exigir la retención masiva de datos. En junio ya había señalado que los cambios aprobados en comisión no resolvían muchos de los problemas centrales.
Apple, por su parte, tampoco avala el enfoque. En mayo, Erik Neuenchwander, su director sénior de privacidad de usuarios, dijo ante un comité de la Cámara de los Comunes que no existe una forma de aplicar cifrado que permita el acceso solo a los intérpretes legítimos sin abrir un camino a los que buscan vulnerarlo.



