Paso de los Libres, límite terrestre clave entre la provincia de Corrientes y el estado brasileño de Río Grande do Sul, es un punto estratégico para el movimiento de carga que llega desde Brasil. En las últimas semanas se convirtió en foco de atención por el avance en el proceso para que la gestión del Complejo Terminal de Cargas (CoTeCar) pase a manos privadas. Este centro funciona como nodo central de control y logística para el comercio internacional de mercaderías entre Argentina y Brasil y, por ello, el tema genera incertidumbre entre los usuarios y actores vinculados a la operación fronteriza.

La novedad emerge tras la publicación del Decreto 1350/2026. Según el Gobierno, el sector público y privado observan con expectativa este paso dentro de la agenda libertaria para privatizar la frontera. Aunque los términos para una eventual licitación aún no están definidos, el decreto declara de interés público un proyecto de iniciativa privada para administrar, explotar y modernizar el Centro de Fronteras Paso de los Libres. Es importante destacar que este instrumento no equivale a la concesión, sino a la etapa preparatoria que podría conducir a la licitación, con firmas de Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

CoTeCar es el predio donde se concentra la mayor parte de los controles del tránsito de mercaderías entre Argentina y Brasil. Hoy recibe un promedio superior a 1.000 camiones por día y ofrece estacionamiento para unas 900 unidades. En su interior operan organismos de control del Estado, como Aduana, Migraciones y Senasa, lo que subraya su peso estratégico en el comercio exterior. Por volumen de camiones, se posiciona como la segunda aduana terrestre del país y se enmarca dentro de la tercera frontera, que registró 3.016.946 movimientos migratorios en 2025.

Este caudal logístico, sumado al desfinanciamiento crónico, alimenta quejas recurrentes de transportistas. Informan problemas de infraestructura, incluidas condiciones de sanitarios, descoordinación entre organismos y una sensación creciente de inseguridad. Pero, sobre todo, destacan las demoras: hay esperas que oscilan entre 12 horas y tres días, lo que eleva considerablemente el costo del servicio y complica la planificación de los envíos.

La situación se interpreta como parte de un proceso más amplio de reordenamiento de la frontera, en el que la gestión estatal ha quedado bajo presión y se abre la puerta a la participación privada como respuesta a esas fallas históricas.