Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) — Ir al odontólogo dejó de ser una rutina de prevención para convertirse en un cálculo económico de supervivencia. Los precios de inicio de atención rondan los 60.000 pesos, las limpiezas se ubican cerca de 120.000 y un implante dental puede superar los 700.000 por pieza. En ese marco, una buena parte de la población pospone el cuidado bucal ante la presión del presupuesto.
La Agencia de Noticias Argentinas consultó a un profesional para entender esta tendencia creciente: la gente aguanta hasta el límite para evitar gastar. El odontólogo Leonardo Geloso, de la UBA (MN 44411), indicó que la realidad se aprecia cada vez más en la práctica: llegan pacientes con dolor intenso tras demorar la consulta, con caries avanzadas, infecciones o piezas que podrían haberse tratado de forma más simple si hubiera habido acceso temprano a atención.
Geloso añadió que la demanda de atención en la Facultad de Odontología, que funciona como hospital-escuela, es alta; las filas diarias reflejan las dificultades que enfrenta la población para acceder a tratamientos odontológicos.
En paralelo, destacó el programa UBA en Acción, como ejemplo de compromiso social de la universidad pública: mediante sus facultades se ofrece atención gratuita que abarca prevención, tratamiento de caries, extracciones y otros controles. En guardias, aclaró, se puede aliviar el dolor o tratar una infección puntual, pero eso no resuelve el problema de fondo.
El panorama se agrava por la caída de coberturas de salud. Miles de personas abandonaron sus prepagas o experimentaron aumentos sustanciales en sus planes, migrando a obras sociales con cartillas sobrecargadas o directamente al sistema público. A ello se suma un desfasaje arancelario que lleva a que odontólogos retiren servicios de convenios estatales como PAMI o IOMA por costos operativos insostenibles.
Desde la perspectiva de los profesionales, la crisis es de doble vía. Organizaciones como COSUCOBA y federaciones de distintas jurisdicciones debieron actualizar sus aranceles y convenios para responder al desfasaje entre lo que cubren las obras sociales y el gasto real de los tratamientos. En ese marco, los especialistas coinciden en que la solución pasa por combinar acceso público, apoyo institucional y ajustes tarifarios que acompañen la realidad económica de la familia argentina.



