Luego de semanas de exhibicionismo político centrado en Malvinas, el oficialismo llega a la sesión clave de la próxima semana con la intención de avanzar en la Ley de Soberanía Nacional. Fuentes de la Cámara indicaron que, si bien el borrador podría acercar el apoyo necesario para aproximadamente 150 votos, aún no está garantizado y la discusión permanece abierta. En paralelo, también se postergó la posibilidad de aprobar el Presupuesto 2027 en la misma jornada, mientras que los temas de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el traspaso de la justicia federal a la Ciudad de Buenos Aires figuran en la megasesión prevista para ese día. Dado el estancamiento de las negociaciones, no se vislumbra que la Ley de Leyes acabe integrándose en ese paquete.

El núcleo de las modificaciones que el Gobierno admite aceptar en el proyecto resultan, en la práctica, cambios semánticos. El borrador al que accedió este diario muestra que el Consejo de Seguridad Nacional, cuestionado por la delegación de facultades y la centralización del Poder Ejecutivo, vería alterar únicamente su nombre, pasando a denominarse Consejo de Asuntos Estratégicos. Por su parte, se acepta incorporar al Ministerio de Seguridad, aunque sin que pase a ser miembro permanente. Además, la redacción aclara que “en ningún caso podrá el Consejo de Asuntos Estratégicos intervenir en cuestiones de seguridad interior”, pero introduce una excepción: el texto señala que, cuando se trate de infraestructuras críticas, el Consejo deberá intervenir con la participación del Ministerio de Seguridad Nacional en las reuniones como miembro no permanente, lo que, de facto, habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección de esas infraestructuras.

La discusión, sin embargo, no está exenta de preocupaciones: no hay un tratado internacional que defina de forma universal qué se entiende por infraestructuras críticas, lo que amplía la ambigüedad sobre el alcance de esas potestades y su aplicación práctica. En medio de esa incertidumbre, el oficialismo insiste en que el objetivo es defender la soberanía frente a la demanda de actores externos, mientras la coalición de apoyo observa con cautela.

En este contexto, el Peronismo advierte que la ausencia de consensos podría dejar un “pésimo precedente” ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que el sábado 28 de noviembre debe decidir sobre las medidas provisionales planteadas por Argentina para suspender el proyecto petrolero Sea Lion. De cara a la sesión, las negociaciones siguen abiertas y la expectativa es que el número final de votos esté próximo, pero sin confirmación definitiva.