La jueza federal de Comodoro Py, María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, dispuso la preservación de las grabaciones de seguridad que abarcan distintas etapas de la visita de Flavio Bolsonaro, excandidato a la presidencia de Brasil, a la Argentina. Las imágenes abarcan su ingreso por el paso fronterizo, su paso por Migraciones y Aduana, y su llegada al Aeropuerto Internacional de Iguazú, así como su posterior salida hacia Estados Unidos. Además, la magistrada requirió a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad que informen si existieron requerimientos o pedidos de cooperación extranjera, alertas o restricciones aplicables.

En paralelo, el fiscal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó las denuncias presentadas, al sostener que desde la óptica migratoria no hubo irregularidad en la entrada del senador y de su familia a la Argentina. Remitió el expediente a los tribunales de Retiro para determinar si, desde el Poder Ejecutivo, podrían haber existido delitos.

Las medidas anunciadas por Capuchetti son consideradas preliminares: Ochoa debe decidir si impulsa una apertura de investigación, más allá de lo evidente de que el Gobierno argentino habría colaborado para facilitar la salida de Bolsonaro en un contexto en el que Brasil mantiene dos investigaciones que podrían involucrarlo. Una de esas causas se vincula a evasión y lavado de activos a través de plataformas de apuestas ligadas a Willer Tomaz, con bloqueo de unos 1.150 millones de dólares; en ese expediente, el juez Alexandre de Moraes le ordenó entregar sus pasaportes una vez confirmado el resultado electoral, orden que Bolsonaro no habría cumplido, y no existía un pedido de captura internacional. La otra investigación se relaciona con supuesto lavado vinculado a unos 10 millones de dólares atribuidos al ex banquero Daniel Vorcaro, por la película “Dark Horse” sobre su padre, Jair Bolsonaro.

Normalmente, si un mandatario buscara ingresar al país, el Gobierno debería coordinar con las autoridades argentinas y decidir en función de la situación judicial conocida. En este caso, el Ejecutivo argentino habría optado por participar de forma activa en el operativo para traerlo e impulsar su viaje a Estados Unidos, lo que podría haber contribuido a un trámite migratorio acelerado y menos exigente que el habitual. En el tramo final, se mencionó la posible participación de Santiago Caputo junto a dos empleados de Yaciretá, una hipótesis que no está confirmada y que se alude como posible coincidencia en la logística.

La nota menciona asimismo que la Policía Federal de Brasil emitió un comunicado al respecto, aunque el fragmento disponible no precisa su contenido.