La Corte de Justicia de la Provincia de Salta sostuvo la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática, norma que había sido objeta por varios sectores políticos por los cambios que introduce en el sistema electoral local. El fallo, impulsado en el expediente iniciado por los libertarios Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada contra varios artículos de la normativa.

La resolución se conoció en la antesala de la convocatoria a las elecciones provinciales de 2027. El gobernador Gustavo Sáenz tiene previsto publicar en los próximos días el decreto correspondiente, dado que el plazo para el proceso electoral vence el 16 de noviembre. Se espera que la votación se realice el 16 de mayo de 2027.

La decisión judicial vuelve a situar en el centro del debate político las reglas con las que competirán los partidos y frentes electorales. Entre los puntos cuestionados se encuentra el mecanismo de acumulación de votos entre listas de una misma fuerza, una de las razones por las que la oposición la compara con la Ley de Lemas.

En su análisis, la Corte recordó la autonomía de las provincias para definir sus sistemas electorales. Señaló que la Constitución provincial establece que “La Ley establece el Régimen Electoral” y que la Legislatura tiene atribuciones para reglamentar las condiciones de elección de las autoridades.

La Corte also retomó un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de las modificaciones en los sistemas electorales: son decisiones políticas que buscan acomodar los procesos de selección para lograr una mayor legitimación ante el electorado.

En la sentencia, el tribunal sostuvo que la elección de un sistema electoral, en principio, corresponde a los poderes políticos, dentro de los límites constitucionales. También indicó que no corresponde al Poder Judicial juzgar si ese uso de las facultades propias de cada poder fue acoplado de la mejor manera.

El tribunal advirtió sobre los límites de su intervención: el control judicial debe ejercerse sin invadir atribuciones de otros poderes y evitando inmiscuirse en la esfera excluiva del Poder Legislativo.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por dirigentes de distintos espacios. Zapata y Ríos Ayllón, de La Libertad Avanza; Claudio Del Plá, referente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda; y Alejandro Patrón Costas, ligado al Partido de la Reconquista.

No obstante, la Corte resolvió de forma directa el expediente de Zapata y Ríos Ayllón. En los otros dos casos, que presentan cuestionamientos análogos, se aplica la misma jurisprudencia y, por ende, la sentencia correspondiente a los libertarios.