En San Salvador de Jujuy se acerca el inicio del debate oral y público por el presunto desvío de fondos en el Juzgado Contravencional N°1. El caso apunta a irregularidades en un circuito de recaudación millonario, vinculado a multas contravencionales, remates de vehículos y otros expedientes derivados de forma discrecional, y alude a una posible “caja negra” bajo la gestión provincial.

El juicio está previsto para comenzar hoy a las 8:30, con seis audiencias programadas para los días 16, 17, 24, 27 y 30 de noviembre. El Tribunal estará presidido por la jueza María del Rosario Hinojo, acompañada por las juezas Felicia Barrios y el juez Mario Puig; el fiscal a cargo es Diego Funes. El principal acusado es Matías Yebara, defendido por Marcelo Choque; junto a él serán juzgadas otras cuatro personas, identificadas solo por sus apellidos: Aguayo, Ramos, Rodríguez y Taritolay, quienes llegan al debate en libertad.

Desde la prisión, Yebara grabó un audio difundido para afirmar que la causa está “viciada de nulidades” y que él sería el “chivo expiatorio” de una estructura política superior. Aseguró haber sido golpeado la noche en que, tras un corte de una llamada con una periodista, su seguridad pasó a depender de una lista de funcionarios, entre ellos el gobernador.

La investigación, iniciada en 2024 y profundizada en 2025, dejó en evidencia deficiencias en el control de los fondos del juzgado y el supuesto funcionamiento de una caja negra que involucraría tanto a la administración de Gerardo Morales como a la actual gestión de Carlos Sadir. Las multas contravencionales históricamente eran altas y se les atribuye un papel en la criminalización de la protesta social y en la disciplinación de sectores opositores, dentro de un marco de recaudación millonaria mediante multas, remates irregulares y derivados de expedientes de manera discrecional.

La causa ya provocó consecuencias en el poder judicial provincial; en 2025, el exjuez Matías Ustárez Carrillo renunció y luego fue imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público. En Jujuy, los juzgados contravencionales dependen del Ministerio de Seguridad, y el Código Contravencional rige desde el 1 de enero de 2016, durante la gestión de Gerardo Morales.

Entre los hallazgos figura un circuito de recaudación millonaria asociado a multas arbitrarias y a la remisión irregular de expedientes. Si bien la fiscalía señala a Yebara como presunto líder de una asociación ilícita, su defensa sostiene que el proceso está viciado de nulidades y que su cliente sería un chivo expiatorio.

Yebara, detenido en el Servicio Penitenciario N°4 de Alto Comedero, trabajaba de manera independiente en el juzgado, había sido policía y luego se recibió de abogado; tenía antecedentes y estaba en libertad condicional. El alegato desde la prisión sostiene que la interrupción de la llamada con la periodista derivó en sanciones y agresiones esa misma noche, un punto que la defensa dice buscar confirmar durante el juicio.