RÍO GALLEGOS. Un operativo judicial en la estancia Alquinta, una de las propiedades bajo sospecha en las causas por lavado de activos y narcotráfico que tienen a Lázaro Báez como principal imputado, quedó en pausa por decisión de la Fiscalía Federal. El motivo no fue procesal sino ganadero: el predio alberga alrededor de 6000 ovinos que se encuentran en pleno periodo de parición.

Durante las diligencias se identificaron animales con marcas ilegibles y señales que no coincidían con el establecimiento, pero la Unidad Fiscal responsable de la investigación optó por suspender los trabajos por 30 días para evitar afectar gestaciones y el proceso de parto.

La diligencia forma parte de múltiples allanamientos ordenados en Buenos Aires, Santa Cruz y diversas estancias. En el caso de estas últimas, intervinieron efectivos de la División Operaciones Rurales Río Gallegos en coordinación con la Prefectura Naval Argentina para el arreo y control de ganado vacuno, equino y ovino.

“La decisión busca preservar el bienestar animal y evitar situaciones de estrés que comprometan la gestación; al realizar los arreos, las ovejas pueden comenzar a parir y los corderos podrían quedar rezagados, por eso se suspendió por 30 días”, explicaron fuentes oficiales a LA NACIÓN.

Los trabajadores que allí operaban ya no permanecían; este domingo, mientras los investigadores estaban en la estancia, apareció un peón que aseguró haber sido contratado por Claudia Insaurralde, la pareja de Báez detenida el lunes pasado en el aeropuerto de Ezeiza.

La estancia Alquinta, de 51.000 hectáreas, situada en la margen norte del río Gallegos y a 90 kilómetros de la capital provincial, era la favorita y la más visitada por Báez. Ya había sido allanada en 2016, por orden del fiscal Guillermo Marijuan, y estaba valuada en US$6 millones.

Fuentes con acceso a la causa indicaron que la investigación sostiene que la banda operaba en la estancia como parte de una organización dedicada al lavado de activos, con un flujo estimado de 390.880.000 millones en los últimos meses, y que toda la operación era controlada por Báez desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una pena unificada de 15 años.

Así lo indicaron fuentes de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. “Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria”, sostuvo Zárate en la audiencia acusatoria.

La investigación contra Báez se originó a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas...