El Calafate presentó, hace más de una década, a Lázaro Báez detenido pero todavía activo de manera significativa en los remanentes de su imperio constructivo. Sus bienes —alquileres, estancias, galpones y locales comerciales— permanecen embargados o con pedidos de decomiso en distintas causas, pero la investigación sostiene que continuaban en operación a través de un entramado ilícito.

La Fiscalía maneja la hipótesis de una contabilidad doble: una formal y otra que circulaba entre redes fuera de la ley. Todo ello dependía de una estructura que administraba sociedades y activos para mantener flujos de dinero pese a las medidas judiciales.

Para sostener esa operación, Báez habría contado con la colaboración de su pareja, Claudia Insaurralde, y de Cristian Ibáñez, quienes recibían instrucciones por teléfono desde la cárcel. Durante meses, las pesquisas centraron su atención en Ibáñez en una causa por estupefacientes; las escuchas revelaron a Báez impartiendo directivas para gestionar los fondos y tratarlos de salir de la red judicial.

Ya son 16 las personas procesadas en dos causas conexas de lavado de activo y estupefacientes, en las que al menos cuatro integraban ambas operaciones. Nueve personas quedaron con prisión preventiva, una con prisión domiciliaria y cinco imputadas, pero en libertad.La fiscalía sostiene que no se trata de hechos aislados, sino de una organización estable encabezada por Báez, en la que, desde la cárcel, el empresario kirchnerista administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito que debían permanecer bajo custodia de la Justicia.

En la causa, Báez figura como el director funcional de la banda. Fue, históricamente, el constructor preferido del kirchnerismo en Santa Cruz. Cumple una pena de 15 años de prisión y, desde hace un año, está detenido en una celda del penal de Ezeiza, luego de que en 2025 le fuera revocada la prisión domiciliaria.

Con un teléfono fijo, Báez habría coordinado una red de al menos 12 personas para usufructuar las propiedades, a pesar de que la mayoría estaban embargadas o en decomiso. Se le atribuye el rol de conducción ejecutiva dentro del grupo y la coadministración de los bienes junto a Ibáñez, transmitiendo las órdenes en nombre de Báez. Báez vive entre Río Gallegos y Buenos Aires y es pareja de Insaurralde desde 2019; la relación se fortaleció cuando ella lo conoció en el penal de Ezeiza, durante visitas a su tío, Atanasio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio procesado en una causa por YCRT.

El lunes, fueron detenidos su pareja Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.