Lázaro Báez vuelve a figurar en una causa penal con acusaciones de lavado de dinero y vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas en la región patagónica. A partir de una serie de pruebas, la fiscalía sostiene que el empresario, ya condenado por otros hechos, habría dirigido operaciones desde prisión para facilitar el blanqueo y la obtención de fondos de origen ilícito. En esta oportunidad, además, se señala a su pareja, Claudia Insaurralde, quien permanece detenida desde principios de semana junto con Sebastián Ibáñez —identificado como presunto testaferro del empresario— y otros imputados.
La pesquisa está a cargo del fiscal federal de la capital de la provincia de Santa Cruz, Julio Zárate. Participan la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por Diego Velasco, y los fiscales generales Diego Luciani y Abel Córdoba. El marco es el de un entramado societario que, según la acusación, funcionaba como un holding ligado a Báez y cuyo objetivo sería facilitar operaciones de lavado y desvío de fondos.
Entre las evidencias figuran dos cuadernos secuestrados. Uno de ellos estaba en la celda de Báez en el Penal de Ezeiza y contiene detalles sobre montos recaudados, posibles retiros vinculados a determinadas propiedades y estrategias para recuperar fondos de diversas operaciones. En otro cuaderno —propiedad de Insaurralde—, habría un registro pormenorizado de fechas de cobros, responsables de entregar el dinero y destinatarios a reclamar, con notas que, para la justicia, evidenciarían una contabilidad paralela de pagos.
Una fuente judicial comparó este material con registros conocidos de “corrupción organizada”, subrayando la similitud con cuadernos de manejo de dinero obtenidos en investigaciones previas. En conjunto, la fiscalía describe la maniobra como una asociación ilícita con carácter estructural, destinada a blanquear activos y facilitar otros ilícitos, coordinada desde la cárcel por Báez, quien ya cumple una pena unificada de 15 años por las causas Ruta del Dinero K (blanqueo) y Vialidad (administración fraudulenta).
La acusación también indica que la operación habría contado con una red de operadores y cuentas vinculadas a distintas empresas y personas de confianza dentro del círculo del empresario K. El expediente continúa su trámite en la misma jurisdicción, con la expectativa de ampliar pruebas y testimonios que respalden las autoridades en torno a la magnitud de las transacciones y la participación de los implicados.
