El Gobierno oficializó la expansión de la Red Federal de Concesiones, un esquema que pretende trasladar al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje.
En el Boletín Oficial se publicó el Decreto N° 1358/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que autoriza incorporar a este régimen de concesión obras que hoy están bajo gestión del Estado. Con ello, se estima que podrían licitarse 27 tramos en total.
En la provincia de Buenos Aires quedaron alcanzadas varias rutas: la 3 (en el tramo compartido con Chubut y Santa Cruz), la 22 (con La Pampa), la 33, la 35 (que también atraviesa La Pampa y Córdoba), la 228 y el acceso A0017. Además, la ruta 9 se sumó al listado durante su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
También se incorporaron la ruta 11 (que cruza Santa Fe, Chaco y Formosa), la 12 (Entre Ríos), la 14 (Corrientes y Misiones) y la 16 (localizada en Santiago del Estero, Chaco y Salta).
En la Patagonia se incluyeron las rutas 25 y 26, ambas en Chubut, y la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país figuran la 34 (Jujuy–Salta); la 38 (Córdoba y La Rioja); la 50 (Salta); la 60 y la 158 (ambas en Córdoba); y la 89 (Chaco–Santiago del Estero).
Asimismo, se sumaron las rutas 81 y 86 (Formosa); las 120, 121 y 122 (Corrientes); y las 151 y 152 (La Pampa). Cada una podrá formar parte total o parcial de futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no estén ya cubiertos por concesiones vigentes.
Se aclaró que estas rutas, especialmente las 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, ya aparecían en esquemas anteriores y volvieron a figurar en la ampliación.
Por otra parte, el decreto establece que el Ministerio de Economía, mediante la Secretaría de Transporte, podrá definir nuevos tramos a partir de todo o parte de las rutas incluidas en un anexo, siempre que exista un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
En ese marco, Economía será responsable de la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de ofertas, la adjudicación y la firma de contratos. El texto fijó un plazo de 12 meses desde su vigencia para realizar los llamados a concurso.
Los futuros concesionarios podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, además de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos extra, además de la recaudación por peaje. Aunque la licitación y adjudicación estén en manos de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad actuará como la autoridad de aplicación de los contratos.
