La República Islámica de Irán incluyó a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas en su lista de organizaciones consideradas terroristas. La medida llega en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambos países y se interpretó como una respuesta a la decisión del gobierno de Javier Milei de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como grupo terrorista, en alineación con las políticas hostiles promovidas por Washington.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní señaló, mediante un comunicado, que Argentina asumirá las responsabilidades por las posibles consecuencias de este giro. En el mismo texto, Teherán indicó que la decisión en contra de las Fuerzas Armadas argentinas está directamente vinculada a la catalogación de la IRGC como organización terrorista por parte de Argentina.
El gobierno persa afirmó que su acción se fundamenta en su marco legal, el cual prevé reciprocidad ante países que adopten o apoyen la designación estadounidense de la IRGC como organización terrorista. En marzo pasado, la administración de Milei declaró a la IRGC como grupo terrorista, argumentando que la entidad opera con fines ilícitos y ha llevado a cabo actos de terrorismo en territorio argentino.
Además, Buenos Aires había responsabilizado a la IRGC por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en esa misma ciudad (1994). Esos atentados, sin resolución aún, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbolá.
A principios de este mes, Teherán añadió a su listado de grupos terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al MI6 como “grupo hostil”. El Ministerio de Exteriores iraní afirmó que esa decisión responde a las acciones hostiles del Reino Unido durante el último año, incluida su participación en lo que Irán describe como una guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán.
Por otra parte, Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, y la Unión Europea adoptó una postura similar en enero pasado tras la represión de protestas internas.
