El Gobierno argentino presentó esta semana al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo una serie de argumentos para detener el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas cercanas a las Malvinas. En la audiencia, Buenos Aires planteó la disputa con el Reino Unido e incorporó la discusión histórica sobre la soberanía de las Islas. A la espera del fallo, cuyo fallo podría conocerse el 28 de noviembre, la Argentina endurece el foco en la legitimidad de su posición en la frontera marítima.

Paralelamente, la atención se dirige hacia Chile ante la inminente reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago. El buque Danstar, operado por la firma chilena Easter Island Logistics, podría partir con insumos hacia Puerto Stanley entre la segunda y la tercera semana de diciembre, según confirmó Pablo Pacheco, gerente general de la empresa, a La Prensa Austral. Esa ventana de navegación coincide con la decisión que tome el TIDM respecto de las medidas provisionales que Argentina solicitó para suspender las perforaciones y la eventual extracción de hidrocarburos en una zona a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas.

Desde la perspectiva argentina, el desplazamiento del Danstar no se entiende como una operación comercial aislada del conflicto en Hamburgo: forma parte de la misma controversia. La naviera chilena, por su parte, rechazó la lectura de que su misión tenga un fin logístico vinculado a la explotación de recursos en el archipiélago.

En otro plano político, pese a la coordinación entre los gobiernos y entre los titulares de Cancillería, existe una tensión subyacente respecto a la navegación. En el marco del G20 celebrado en Atlanta, el canciller argentino defendió la libertad de navegación y sostuvo que ningún país puede obstruir el tránsito marítimo ni desconocer las normas internacionales. Sin embargo, esta semana detalló una posición más específica en entrevistas con A24 y Radio Rivadavia: para Argentina, lo clave es que exista un proceso de autorización y un compromiso por parte de Chile para que la ruta no contribuya logísticamente a la explotación de recursos en Malvinas.

El canciller también aclaró que, en su visión, el Estrecho de Magallanes pertenece a Chile, punto, y diferenció claramente ese paso de las aguas por las que deberá atravesar el Danstar una vez que abandone ese punto estratégico. Con todo, la línea oficial indica que la ruta binacional podría convertirse en un eslabón logístico relevante para las empresas operando en Malvinas, pero por ahora Chile sostiene que no habrá vínculo directo con la explotación de recursos en el archipiélago.