El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley destinado a crear un marco de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. La iniciativa sostiene que las plataformas online forman parte de la vida cotidiana de las familias y propone que el Estado imponga obligaciones a las empresas con el objetivo de proteger la salud, el descanso y la privacidad de las personas menores de edad.
Los fundamentos se inspiran en el fallo estadounidense contra Meta y las medidas de protección descritas allí para plantear una regulación propia. La idea central es que los menores argentinos cuenten con las mismas garantías que sus pares en otros países: si las plataformas pueden ofrecer servicios más protegidos en ciertos lugares, deben hacerlo también en Argentina.
“Al igual que el Estado fija condiciones de seguridad para juguetes, alimentos o transporte escolar, debe establecerlas también para los servicios digitales que usan a diario millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país”, argumenta Rossi en los fundamentos. El proyecto extiende al entorno digital la responsabilidad de protección que ya ejerce el Estado en otros ámbitos, como el horario de protección al menor.
La iniciativa no propone prohibir el uso de entornos digitales ni imponer un control de opiniones. Su eje es crear un marco de seguridad mediante reglas sobre el diseño, el funcionamiento y las condiciones de acceso a redes sociales, servicios de video con interacción, videojuegos en línea y sistemas de inteligencia artificial conversacional.
Frente a actores de alcance global, la propuesta advierte que las familias y las escuelas no pueden asumir solas la protección de los menores. Por ello propone la intervención del Estado para obligar a las plataformas a incorporar medidas de seguridad y a responder por sus incumplimientos.
Entre las principales disposiciones, el proyecto establece, para cuentas protegidas, un uso por defecto limitado a dos horas diarias por grupo empresario, ampliable únicamente por los responsables parentales; pausas obligatorias; descanso nocturno; privacidad por defecto y desactivación del desplazamiento infinito y de la reproducción automática.
Además, introduce una regla de paridad para que las plataformas no ofrezcan en Argentina menos protección que la que aplican a menores en otros países. La AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública) sería la autoridad de aplicación, con un régimen de sanciones que prevé multas de hasta el 6% de la facturación.
