En Argentina, el problema dejó de ser coyuntural para instalarse como un fenómeno estructural. La magnitud de la cuestión cobró especial relevancia cuando el CEO global de una cadena de supermercados llevó el tema al Gobierno el día que el presidente Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.
El cálculo privado, elaborado por MAP y centrado en 15 sectores de la economía, estima que para 2026 la Nación podría perder US$2855 millones debido al contrabando y a la subfacturación, lo que equivale al 0,4% del Producto Bruto Interno. Esa cifra podría ser aún mayor si se incluyeran sectores para los que hoy no hay información disponible.
La problemática estará en la agenda de la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, que contempla una mesa específica para medir el impacto del contrabando. A la vez, la UIA fue una de las cámaras que firmó la semana pasada un convenio con el Gobierno y plataformas para combatir el fenómeno.
Según MAP, la pérdida fiscal es significativa y podría acotarse con mayor información de otros sectores. Con solo 15 analizados, los US$2855 millones equivalen a todo lo recaudado por impuestos internos, 1,6 veces lo que ingresa por Bienes Personales, 10% de lo que acumulan las 24 provincias por Ingresos Brutos, 55% del total de las retenciones o 56% del impuesto a los combustibles.
El informe señala que, en términos de gasto público, esos recursos permitirían financiar obras de infraestructura social y vial. Se estiman, entre otros proyectos, 2400 escuelas, 120 centros ambulatorios de salud o 2250 kilómetros de rutas nacionales. Además, se calcula que el contrabando impediría la formalización de 11.300 empleos.
El analista Juan Pablo Ronderos indicó que el contrabando está instalado y ha empeorado, atribuyendo parte del fenómeno a una desregulación excesiva. Aunque coincide en apoyar la apertura comercial y la simplificación, subrayó que se trata de un problema estructural que golpea a múltiples sectores.
MAP recuerda que Argentina figura en el puesto 120 de 158 en el Tracit Illicit Trade Index 2025, dentro de las 20 economías con mayor comercio ilícito de bienes gravados (GI-TOC). El informe atribuye el deterioro a la apertura y desregulación, que debilitó mecanismos de fiscalización y facilitó la circulación de mercancía ilegal; señala que, en 2024, se eliminaron el canal rojo para textiles, calzado y productos con medidas antidumping, así como los valores criterio de importación, herramientas para frenar la subfacturación.



