El Gobierno anunció este lunes una batería de cambios al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 1366, publicado en el Boletín Oficial. Las modificaciones, firmadas por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, persiguen acelerar desembolsos y facilitar restructuraciones societarias, al tiempo que permiten contabilizar fondos aportados por accionistas extranjeros para proyectos adheridos al régimen.

Entre los puntos centrales, el decreto amplía el universo de proveedores locales. Ahora, toda persona jurídica constituida y domiciliada en la Argentina será considerada proveedor local, independientemente de la nacionalidad de sus accionistas o de si su capital es extranjero. En el caso de bienes, además, se exigirá cumplir con las reglas de origen nacional del Mercosur.

En materia de dólares para los proyectos, se establece que no solo se computarán las divisas liquidadas por el Vehículo de Proyecto Único (VPU), sino también los aportes o financiamientos externos que ingresen por accionistas directos o indirectos, socios o integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), siempre que su destino hacia el proyecto adherido al RIGI quede respaldado contablemente.

El decreto también flexibiliza ciertas modificaciones societarias: la compraventa de acciones de un proyecto adherido no altera los beneficios obtenidos, aunque esa compra posterior no se sume al monto mínimo de inversión exigido. Asimismo, se habilita a los socios de una UTE a ceder participaciones o incorporar nuevos integrantes sin perjudicar el proyecto.

En paralelo, para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) —con ocho proyectos actualmente, centrados en energía y minería y con inversiones previstas por más de US$2.000 millones cada uno— el texto distingue las metas parciales por etapas respecto del compromiso total y fija una fecha límite única, acorde a las prácticas de cada sector, para cumplir el monto mínimo de inversión global en activos computables.

Además, el Gobierno autorizó la entrada al RIGI de un nuevo parque eólico ubicado a 40 kilómetros de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto, denominado Vientos La Rinconada, implica una inversión total de US$230,7 millones y una potencia instalada de 94,5 MW. Según la resolución 1983 del Ministerio de Economía, la empresa debe cumplir 40% de la inversión computable en cada uno de los dos primeros años y completar el mínimo exigido antes del 31 de marzo de 2027.