En medio de una crítica situación de salud mental en la que quienes la viven denuncian demoras y falta de acceso a la ayuda, el gobierno impulsó una reforma para ampliar las circunstancias en las que se puede internar a alguien sin su consentimiento. La iniciativa no es aún ley: el Senado la aprobó con 42 votos a favor y 21 en contra y la envió a Diputados. Aún falta el tratamiento en la Cámara baja.

La propuesta modifica los criterios para la internación involuntaria, reorganiza la participación de los profesionales y añade disposiciones sobre adicciones, relaciones con la familia y atención de niños y adolescentes. Su rasgo más controvertido es flexibilizar un mecanismo excepcional que afecta la autonomía de las personas.

El psicólogo Ariel Ghirelli, que acompaña a pacientes con problemas graves de salud mental desde hace décadas, sostuvo que la reforma es engañosa e incoherente: argumentó que, al acelerar o ampliar las internaciones, se debilitan las condiciones de atención y se desatiende el apoyo necesario. Aseguró que no es posible presentar como logro la mejora de la salud mental si se atacan los recursos y se delega la responsabilidad en una norma sin garantizar financiamiento ni servicios. Criticó que un marco legislativo no puede reemplazar las obligaciones de gobernar en materia de cuidado y atención.

La senadora Ivanna Arrascaeta defendió la modificación como una herramienta para intervenir a tiempo ante crisis severas; aun así, subrayó que anticiparse sin servicios públicos adecuados es insuficiente. En su lectura, ampliar una categoría legal no garantiza que existan respuestas efectivas: para atender adecuadamente un padecimiento grave hacen falta criterios claros, servicios accesibles, seguimiento y equipos disponibles.

Uno de los asuntos centrales es cuánto margen de interpretación quedará en manos de quienes deciden la internación. Cuanto mayor es la capacidad de restringir derechos, mayor debe ser la exigencia de justificar cada decisión y de revisar sus efectos.

La preocupación por la situación de las familias es real. Muchas personas buscan ayuda durante meses, recorren guardias y terminan sosteniendo situaciones que requieren intervención profesional sin recibir el acompañamiento adecuado. Esto alimenta la sensación de urgencia, pero también genera un debate sobre si flexibilizar las internaciones es la respuesta principal o si debe priorizarse fortalecer las políticas públicas.

En paralelo, relatos de familiares muestran la complejidad de los casos. Ariana, que desde la muerte de sus padres cuida de su hermano, diagnosticado con esquizofrenia y bipolaridad, habló de la necesidad de tratamientos consistentes. Después de varios intentos de suicidio, aseguró que su hermano no está en condiciones de decidir por sí mismo; indicó que, sin un tratamiento y medicación adecuados, la situación podría agravarse. Su testimonio ilustra el efecto práctico de estas discusiones legislativas en las familias que conviven con crisis habituales.