El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se retoma este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa Los Sauces. En la audiencia previa, el fiscal Diego Velasco presentó la hipótesis de la fiscalía sobre un complejo circuito de dinero que, según la acusación, se dirigía desde empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo hacia la familia Kirchner mediante contratos de alquiler celebrados a través de la inmobiliaria.

Desde el jueves siguiente se espera la habilitación de la causa Hotesur.

La Fiscalía describió el esquema como una maniobra delictiva de alto nivel, en la que, a su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una red para beneficiar a empresarios vinculados y a la propia familia. En el marco de Los Sauces, la acusación sostiene que se lavaba dinero a través de una estructura inmobiliaria y hotelera que utilizaba alquileres para darle apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

Según el relato fiscal, el mecanismo consistía en que los Kirchner favorecieron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos estatales, y parte de ese caudal volvía a la familia mediante Los Sauces, integrada por los expresidentes y su hijo Máximo. Con esos fondos, la inmobiliaria habría adquirido bienes como propiedades, hoteles y terrenos que luego ponía a disposición de las mismas compañías mediante contratos de alquiler.

La Fiscalía afirmó que, de esa forma, el dinero proveniente de los grupos económicos ingresaba mensualmente como supuestamente lícito en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, para luego ser declarado ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción como ingreso legítimo.

Entre los elementos señalados, la acusación indica que el 88% de la facturación de Los Sauces correspondía a sus “empresarios amigos”: 65% procedente de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) y 23% del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a estos grupos 25.968.042,30 pesos en alquileres de propiedades y hoteles, calificados en la acusación como innecesarios o por encima de valores de mercado. Durante ese periodo, el patrimonio neto de la inmobiliaria se disparó de 100.000 a 12.122.430,26 pesos, según la Fiscalía.

La posición del Ministerio Público Fiscal ubicó el origen de los fondos en dos vectores: para Báez, recursos derivados de la presunta defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, en el marco de la causa Vialidad; y para López y De Sousa, fondos obtenidos por dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.

Además, se detectaron irregularidades en operaciones de adquisición, entre ellas un terreno en El Calafate comprado a 7,50 pesos el metro cuadrado.