Este lunes dio inicio en el Centro de Justicia Penal de Rosario un juicio oral contra cuatro integrantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, imputados por desbaratar la empresa Razzini, dedicada a la distribución de materiales de construcción, durante un bloqueo de 90 días que afectó a la firma en 2020. El proceso podría conllevar penas de entre 2 y 6 años de prisión, aunque el principal acusado ya murió.

Entre los procesados se encuentran Marcelo Ortiz, Víctor Manuel Kamińsky, Gustavo Coronel y Damián Beiber. Concluida la imputación, se confirmó que Ortiz, el primero en la lista, falleció, según consta en el expediente a requerimiento del fiscal Germán Mazzoni.

La jornada inicial estuvo marcada por la declaración de Verónica Razzini, diputada de un bloque libertario y una de las dueñas de la empresa durante el período de los hechos. Su relato ocupó cinco horas y estuvo respaldado por material fotográfico y de video registrado en aquella época, ocurrida hace seis años. Por las limitaciones propias de la audiencia, únicamente se pudo escuchar después a la coordinadora operativa de la firma; el resto de los testigos previstos para esta primera sesión quedó para este martes.

Entre los próximos declarantes figuran el hermano de la diputada (también amenazado por los manifestantes), su exesposo —a quien le advirtieron que lo matarían y que sabían dónde estaban sus hijos— y la escribana que dio fe de la obstrucción del acceso a la empresa.

El juicio continúa en Rosario y está a cargo del tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre. Se espera que los alegatos finales tengan lugar, en principio, el jueves.

Razzini relató que el conflicto estalló el 8 de junio de 2020, cuando un grupo encabezado por Sergio Aladio, opositor de Hugo Moyano, exigió que 18 de 100 empleados de la firma se afiliaran al sindicato. La actividad de Razzini, sin relación con el transporte de cargas, quedaba fuera de la competencia del Sindicato de Camioneros y, normativa en mano, correspondía a los Sindicatos de Comercio y a la UOCRA.

El bloqueo comenzó sin aviso previo: unas 150 personas cortaron la avenida donde está ubicada la empresa, acamparon en los accesos y obstaculizaron la entrada y salida de vehículos durante la pandemia. Las intimidaciones se extendieron hacia proveedores, trabajadores y miembros de la familia Razzini. “Algunos empleados salieron y dijeron que ya no trabajaban; convocamos a un escribano para dejar constancia y todo derivó en una confrontación”, relató la empresaria a Infobae.

Según su versión, los manifestantes exhibieron armas de fuego, interceptaron su automóvil y advirtieron que conocían el paradero de sus hijos. En esa línea, Razzini indicó que, tras la experiencia, creó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) para coordinar respuestas ante este tipo de situaciones.