Los gobernadores que fueron decisivos para sostener la agenda de la Casa Rosada ante el Congreso comenzaron a redoblar la cautela y a tomar distancia de La Libertad Avanza. Un grupo que abarca cinco mandatarios ya no da por sentado su apoyo y, en distintos casos, elevan las exigencias o recomponen vínculos con sus frentes internos, en un contexto de reacomodo preelectoral para 2027. En conjunto, estas provincias concentran 19 diputados y 7 senadores, es decir, votos clave para un oficialismo que dispone de 95 bancas en la Cámara baja y 21 en el Senado, y que necesita aliados para empujar su agenda o bloquear iniciativas opositoras.

Los protagonistas de este cambio de postura son Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Cada uno aduce motivaciones propias, vinculadas tanto a procesos electorales venideros como a la necesidad de reconfigurar alianzas con el peronismo provincial o de exigir mayores recursos para sus provincias. Aun así, todos coinciden en evaluar el costo político de sostener a Milei cuando parece lejana la aprobación de su proyecto político para el futuro inmediato.

La situación coloca al Gobierno ante un dilema adicional: la posibilidad de eliminar o postergar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las garantías electorales que exigen posibles aliados para avanzar. En el oficialismo, la postura ante estas garantías se mantiene reacia, ante la posibilidad de que aliados presionen por condiciones claras antes de respaldar cambios sustantivos.

Un dirigente radical del interior sintetizó el momento con una imagen sobria: los gobernadores perciben una oportunidad que podría volverse una mayor resistencia, lo que augura un Congreso más complejo para el Ejecutivo. Este endurecimiento de posturas se da en un marco de laboratorio político que ya mostraba signos de desgaste y que se agravó por la pérdida de apoyo externo, con caídas en la percepción de solidez de respaldos internacionales tras derrotas en otros países.

En el plano interno, la gestión de Milei también enfrenta tensiones. La senadora Patricia Bullrich no oculta su proyección presidencial y busca imprimir su marca dentro de un gobierno que enfrenta señales de desorganización. En el último episodio relevante, el Ejecutivo dio marcha atrás con un proyecto de Ley de Competitividad Financiera poco después de anunciarlo, en medio de una polémica por un impuesto del 15% sobre las ganancias derivadas de Cedears, lo que expuso aún más las dificultades de coordinación interna y la contradicción entre las medidas propuestas y las resistencias políticas.

La secuencia, en conjunto, pinta un panorama de creciente fricción entre el poder central y los gobernadores aliados, y un Congreso que podría endurecer el control y la negociación de la agenda oficial en los próximos meses.