Este viernes, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, encabezaron la firma de un Convenio Marco de Cooperación destinado a fortalecer los servicios de orientación jurídica al público, la prevención del delito y la asistencia integral a las víctimas. El acto se realizó en la sede de la cartera de Justicia nacional y formaliza la realización de acciones conjuntas para facilitar el acceso a la justicia, coordinar capacitaciones y desarrollar diversas iniciativas de prevención comunitaria.
“Estamos avanzando en una coordinación sostenida para brindar orientación, acompañamiento y prevención, y para diseñar iniciativas que acerquen la Justicia a la ciudadanía”, señaló Tapia tras la rúbrica. Por su parte, Mahiques destacó la importancia de la articulación entre instituciones como clave para construir un sistema judicial más accesible y orientado a la gente.
El convenio impulsa el despliegue operativo de la Dirección General de Acceso a Justicia y de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, al tiempo que reafirma el compromiso de las dos carteras de poner a disposición herramientas institucionales eficaces, eliminar obstáculos y garantizar una atención oportuna y adecuada para los sectores más necesitados.
La firma se enmarca en una serie de entendimientos entre ambas jurisdicciones durante este año, que incluyeron traslados de competencias penales desde la órbita nacional hacia la Ciudad y la transferencia del Fuero Penal Juvenil. Entre los ámbitos transferidos se mencionan delitos contra el honor (calumnias e injurias), delitos contra la integridad sexual (abuso y explotación) y delitos contra la libertad (amenazas, secuestro y privación ilegítima de la libertad). También se incorporaron infracciones vinculadas a la seguridad del tránsito, la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre.
Asimismo, el convenio contempla la transferencia de la totalidad de los delitos no federales cometidos por menores de edad, abarcando a adolescentes de entre 14 y 18 años, con la correspondiente intervención tutelar para menores de 14 involucrados en hechos delictivos.
