El 11 de septiembre de 2024, Fabrizia Pegoraro, de 10 años, y su madre, Carla Mariana Pegoraro, estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia cuando, ante la orden de las fuerzas federales de avanzar para despejar la calle, Cristian Rivaldi, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), roció gas irritante sobre ellas. Las dos mujeres fueron atendidas en la zona del Congreso; luego Fabrizia recibió atención en el Hospital Santa Lucía, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.

Rivaldi, de 39 años, desempeñaba funciones en la Dirección de Operaciones de Seguridad (DOUCAD), unidad responsable del control de multitudes y del orden público durante grandes concentraciones, según describe la PFA.

Durante la instrucción de la causa, Rivaldi sostuvo que no habría visto a las víctimas y habló, en cambio, de una persona no identificada que habría arrojado gas pimienta. También mencionó a un hombre que estaría atacando a Gerardo Perillo Scampini, jefe del Departamento del Cuerpo de Infantería de la PFA.

Esta línea defensiva encajó con la lectura oficial que buscó justificar lo ocurrido al sostener que la menor podría haber sido rociada por terceros ajenos a las fuerzas de seguridad. En redes sociales, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a la madre por haber llevado a la nena a la marcha, y su viceministra, Alejandra Monteoliva, comentó que la atacante podría haber sido una mujer vestida de naranja, señalando a una socorrista.

Las explicaciones oficiales no lograron resonar plenamente en los tribunales de Comodoro Py, donde Rivaldi fue procesado y llevado a juicio. El fiscal Eduardo Taiano lo acusa de abuso de autoridad y lesiones leves contra Fabrizia y su madre.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a las dos víctimas, sostuvo que se juzga una decisión individual de un funcionario público que utilizó la fuerza del Estado contra una menor y su madre que no estaban agrediéndose. Dalbón indicó que, con esa base, se buscaría una condena.

En el escrito de elevación a juicio, Taiano afirmó que Rivaldi actuó de manera desmedida e injustificada cuando madre e hija permanecían sentadas sin ofrecer resistencia. La causa, planteada como un caso paradigmático de la represión durante el gobierno de Milei, continúa avanzando en la justicia argentina.