La Cámara de Diputados dio media sanción al paquete de reformas en materia de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El mensaje que buscaba ampliar las herramientas para prevenir, investigar y enfrentar el delito estuvo trabado en la Legislatura durante semanas y provocó un foco de tensión interna en el bloque Unidos. Las modificaciones acordadas en los puntos más sensibles permitieron avanzar hacia la aprobación y su paso al Senado.
Diversos actores expresaron reparos al proyecto. La oposición cuestiona, entre otros aspectos, la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al tiempo que señalan un debilitamiento de los mecanismos de control institucional. En paralelo, sectores del propio oficialismo, como el socialismo, también plantearon dudas. La Corte Suprema de Justicia provincial, el Ministerio Público de la Defensa y colegios de abogados fueron algunos de los organismos que dieron su visto negativo al texto.
Uno de los capítulos más debatidos fue la posibilidad de que la policía interrogue a personas vinculadas a un hecho delictivo sin la presencia obligatoria de un abogado. En el marco de las negociaciones, esa medida quedó fuera del proyecto; sin embargo, se permitió al fiscal realizar declaraciones informativas, con el derecho del involucrado a guardar silencio y sin que esas manifestaciones sirvan como prueba de cargo.
Otro punto falto de acuerdo fue la creación de zonas de intervención policial especial. El texto original autorizaba diversas atribuciones a las fuerzas de seguridad en áreas con altos índices de violencia, con controles de acceso, requisas y restricciones de circulación e incluso demoras de hasta 48 horas para identificar a las personas. Esa sección fue eliminada.
Aun así, otras cuestiones se mantuvieron con ciertas condiciones. Se amplió la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial bajo salvaguardas: supervisión judicial de oficio dentro de las 24 horas posteriores y, en determinados casos, la exigencia de una orden fiscal y condiciones específicas para justificar el ingreso al domicilio. También se incorporaron mayores garantías para juicios en rebeldía, incluyendo autorización judicial, intervención de un defensor, audiencia previa de la víctima y registro audiovisual del proceso.
Si bien el paquete salió aprobado con modificaciones, para Jaquelina Balangione el espíritu normativo del proyecto quedó afectado por las concesiones logradas en la negociación. La reforma, ahora con cambios, se encamina a su tratamiento en la Cámara alta.
