Mariana Campos, investigadora del Instituto de Estudios y Formación (IEF-CTA), analiza cómo las luchas transfeministas de los últimos años fueron fragua para la evolución de los derechos laborales. En una conversación con Las12, la especialista señala que las protestas funcionan como un punto de fricción que impulsa la negociación colectiva a plasmar jurídicamente las demandas sociales.

Con el impulso público del movimiento feminista y transfeminista, la agenda de género encontró un canal de diálogo dentro de las estructuras sindicales, empresariales y de recursos humanos. El periodo entre 2020 y 2023 evidenció una tendencia clara: cada convenio colectivo que incorpora una cláusula con enfoque de género busca, en esencia, ampliar derechos.

Campos subraya una característica crucial de la negociación colectiva: cuando un convenio es homologado por la autoridad competente, su contenido rige para todo el conjunto de trabajadores de la actividad o la empresa, incluso si no están afiliados a la sindicato firmante. Esta cobertura universal multiplica el alcance de las conquistas.

Al revisar los acuerdos suscriptos en ese lapso, la especialista destaca dos ejes temáticos centrales: la gestión del tiempo y los cuidados. Surgieron numerosas iniciativas para crear o ampliar licencias destinadas a la atención de niños, familiares directos y parejas, reconociendo formalmente que sostener la vida cotidiana exige tiempos protegidos fuera de la jornada laboral.

En cuanto al tratamiento de las violencias, se incorporaron protocolos, guías de acción y comisiones mixtas para prevenir, sancionar y encauzar situaciones de acoso y violencia laboral en entornos productivos y de servicios. Aun con el aumento de la violencia estatal durante la administración de La Libertad Avanza, los marcos de actuación en espacios laborales, sindicales y educativos siguen vigentes y responden a años de batalla del movimiento transfeminista.

No obstante, Campos advierte que el análisis detallado de la letra chica y la implementación de estas herramientas de protección exhibe tensiones estructurales que el sindicalismo y los actores del mundo del trabajo aún no logran resolver por completo. Uno de los nudos más complejos persiste en la brecha entre lo que establecen las cláusulas y su aplicación efectiva.