Quince estados y territorios de Estados Unidos ingresaron ante la Corte Suprema un escrito para apoyar a Petersen Energía y Eton Park en su intento de que el máximo tribunal revise la decisión que favoreció a Argentina en el caso por la expropiación de YPF. La presentación, realizada el 30 de octubre por Misuri y otros 14 estados y territorios, se presentó en formato amicus curiae, es decir, una opinión externa a la causa por parte de terceros que no integran formalmente el litigio.
El objetivo de la iniciativa es lograr que la Corte Suprema otorgue el certiorari y revise la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo revocó la sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina por aproximadamente USD 16.100 millones en el marco del millonario proceso por la nacionalización de la petrolera en 2012. Tras esa resolución, los demandantes acudieron a la Corte Suprema para pedir una revisión de ese fallo.
Según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, los estados advirtieron que el criterio aplicado por el Second Circuit podría configurarse como una vía para que gobiernos extranjeros eviten resoluciones de tribunales estadounidenses. “Los gobiernos de 15 estados y territorios de los EE. UU., representados por sus fiscales generales, presentaron ante la Corte Suprema un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park frente a Argentina en el caso por la expropiación de YPF”, indicó.
Maril añadió que los firmantes plantearon una preocupación institucional que trasciende el expediente argentino. Adujeron que el enfoque del Second Circuit podría servir de guía para que Estados extranjeros eludan las sentencias de tribunales estadounidenses mediante leyes internas acordes a sus intereses.
El escrito centra su cuestionamiento en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Los fiscales sostienen que, con la lectura que propone la corte neoyorquina, un Estado extranjero podría evitar que una reclamación se ventile en tribunales federales si determina que esa clase de controversias debe dirimirse ante sus propios tribunales.
La postura de los estados coincide con el eje central del planteo de Petersen y Eton Park: que la Corte Suprema intervenga para definir hasta dónde llega la jurisdicción estadounidense frente a gobiernos extranjeros. El documento solicita expresamente que la Corte acepte el recurso y revoque la decisión del Segundo Circuito.
La presentación, además, abrió un debate sobre el alcance práctico de este respaldo para los demandantes. Consultados, analistas señalaban que la iniciativa provoca preguntas sobre el impacto real que podría tener este amicus en el devenir del caso y en futuras controversias de inversión entre Estados y Estados Unidos. El proceso continúa en el marco del litigio por YPF.
